Ley de radiodifusión

Cambiar la pregunta  Por Eduardo Aliverti

El asunto central potenció una pregunta que no tiene prensa y para la que no hubo ni hay, todavía, respuesta satisfactoria.

Se trata de esa gente que no percibe tener compromiso alguno con el tema. Porque le parece que es así o porque sencillamente no le importa. Gente de esa que se llama “del común”. Y que ni siquiera dispone de una postura preconcebida –de la que ya no la saca nadie– según sea que se posicione frente al Gobierno muy a favor o muy en contra. De modo que no hablamos de esa gente horrorizada por creer que ahora vendrá Hannibal Lecter a comerse periodistas. Ni de esa otra que por asistir a algo así como la caída del Imperio Romano, en versión mediático-criolla, perdió pensamiento crítico respecto del kirchnerismo. Esta gente de la que hablamos es la que, no desde la bronca por cómo le va en la vida –aunque también– sino con la humildad de reconocerse ignorante del tema, o de aspectos que confiesa se le escapan, pregunta por qué carajo tiene que importarle de quiénes son los medios de comunicación, o quiénes podrían manejarlos en lugar de los que están, y cuál es la relación entre eso y sus problemas, dramas o felicidades cotidianos. Y en verdad, no es que hasta hoy no existe una contestación convincente porque no se le encontró el gancho a la vuelta. Es que no hay vuelta para responder, como no fuere un apunte más bien de orden filosófico, moral, político “sólo” muy globalmente.

En primer lugar: aun si se descuenta que el proyecto sobre medios audiovisuales pasará con éxito la Cámara alta y no aparece una Banelco corporativa capaz de torcer la voluntad de algunos senadores... ambiguos, digamos, restará un período impreciso pero siempre largo, muy largo, en el que se reacomodarán las piezas operativas (y más extenso todavía, tal vez, si se cuentan amparos judiciales, impugnaciones parlamentarias, eventuales intentos de la oposición para revocar la ley, etcéteras). Suponiendo que todos esos muros son sorteados, pasará que los nuevos actores sociales, empresarios, culturales, en disposición de acceder a una licencia de radio o tevé, deberán demostrar su actitud y –sobre todo– aptitud para semejante cosa. Y a fin de que lo demuestren, en ese momento de no se sabe cuándo, tendrá que colaborar decisivamente un Estado dispuesto al apoyo concreto. Porque no hay dos tortas publicitarias. Hay una sola. Es fantasioso que podrá repartirse lo que no se genera. O lo que sí se produce pero para seguir distribuyéndolo entre unos pocos. Las radios (que por razones de baratura tecnológica son el gran sujeto del eventual cambio), e incluso los canales de televisión, dan antes pérdidas que ganancias; y no solamente por algunos sueldos estrafalarios, incompatibles con los ingresos de un mercado achicado. Mucho más que un negocio en sí mismo, son un estilete de poder para marcar agenda y obtener otros negocios, colaterales, gracias a la influencia periodística ejercida. En un país pobre como éste no hay lugar para que un nuevo ejército de aspirantes conduzca y administre medios, a menos que el Estado cargue pilas con una política de promoción y subsidios de pymes, cooperativas y combinados de esa naturaleza. E incluso haciendo eso, deberá haber una orientación que segmente las audiencias por rama de gustos y colectivos sectoriales, al estilo de la radiofonía norteamericana, so pena de que los pequeños se devoren entre sí con ofertas de idéntica o similar raíz comunicacional. Si la respuesta a “en qué me cambia la vida según gane éste o aquél” pretende ser técnica, directa, facilonga, mejor dejar de buscarla porque no la hay. Más también: la respuesta es “en nada”, si es cuestión de qué se percibirá, en el andar diario de las clases medias y populares, a corto-mediano plazo. Y hasta en el largo, si no se dan las condiciones apuntadas.

Lo que quizá quepa hacer, entonces, es promover el cambio de la pregunta. Mudarla de “en qué me cambia la vida” a “cómo podría cambiarme la cabeza”. Porque la ley de medios audiovisuales, como debe repetirse sin cansancio y como toda ley, al fin y al cabo, es nada menos pero nada más que una herramienta. El punto es que para tenerla en las manos se debió haber llegado, primero, a un enfrentamiento con los gigantes mediáticos. Y con uno en particular (por los motivos que fuesen, incluyendo desde revanchismos personales hasta el formidable trabajo militante de los imprescindibles que durante años, literalmente, pujaron por construir un escenario mediático novedoso, valiente, provocador). Eso marca un antes y un después en las revelaciones públicas acerca de los manejos e intereses del intocado poder de la “gran prensa”. Como lo señaló con precisión notable el diputado Carlos Raimundi, que no es oficialista, en el comienzo de su intervención parlamentaria, a partir de este proyecto –y, antes, desde la caída del contrato entre la AFA y Clarín– empezaron a circular al aire libre conceptos tales como concentración, monopolio, fijación de estados de ánimo gracias a campañas “periodísticas”, negociados de los medios, empresas desconocidas, testaferros. ¿Acaso no sirvió ni sirve para nada todo eso? ¿Acaso tantos despreocupados y tanto tilingaje no tomaron nota de que estaban viviendo en un tupper, y acaso mucho receloso del proyecto oficial no ratificó que además debe desconfiar de los medios de comunicación que consume, y acaso eso no abre una perspectiva de debate en la que deban contar las operaciones de prensa? ¿No despierta eso que la lucha por la conciencia popular, si es que no por la razón, sea un poco más pareja?

Este último concepto, también acaso, puede parecer soberbio. Pero pensemos si no es más soberbio suponer que el pueblo puede usufructuar razonamiento examinador, si no cuenta con instrumentos informativos. Para el caso, todos los debates y propuestas habidos acerca de la necesidad de derogar la ley mediática de la dictadura, y su reemplazo por una que fugue hacia adelante, tuvieron sede en ámbitos reducidos o ampliados pero jamás transmitidos ni publicados por los grandes medios. Jamás. Fueron congresos, mesas redondas, declaraciones institucionales, proposiciones cajoneadas en el Congreso, charlas en carreras de comunicación, señalamientos gremiales, foros varios. Valiosos. Los medios no tomaron nota. Fueron impermeables. Nunca permitieron que esa discusión transitara por sus vías. Pues bien: no se habrá dado de la manera más prolija y pasa que tiene contornos de conflicto ensuciado, pero resulta que se reveló como la única forma de llamar la atención. De disputar terreno. Y, encima, con un formato de ley ante el que los multimedios se quedaron sin más argumentos que la denuncia política sin sustentación específica. Más una derecha patética a la que sólo le queda discutir aspectos reglamentarios.

¿Me cambia en algo la vida todo esto? No. Pero seguro que me va a cambiar menos que menos si no apunto que el Poder no pasa únicamente por el Gobierno.
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El odio

El país |  Lunes, 22 de febrero de 2010

Por Eduardo Aliverti

Sí, el tema de estas líneas es el odio. Planteado así, de manera tan seca y contundente, quizás y ante todo deba reconocerse que es más propio de cientistas sociales que de un simple periodista u opinólogo. Pero, precisamente porque uno es esto último, registra que su razonamiento respecto del clima político y social de la Argentina desemboca en algo que ya excede a la mera observación periodística.

Hay –es probable– una única cosa con la que muy difícilmente no nos pongamos todos de acuerdo, si se parte de una básica honestidad intelectual. Con cuantos méritos y deficiencias quieran reconocérsele e imputarle, desde 2003 el kirchnerismo reintrodujo el valor de la política, como ámbito en el que decidir la economía y como herramienta para poner en discusión los dogmas impuestos por el neoliberalismo. Ambos dispositivos habían desaparecido casi desde el mismo comienzo del menemismo, continuaron evaporados durante la gestión de la Alianza y, obviamente, el interregno del Padrino no estaba en actitud ni aptitud para alterarlos. Fueron trece años o más (si se toman los últimos del gobierno de Alfonsín, cuando quedó al arbitrio de las “fuerzas del mercado”) de un vaciamiento político portentoso. El país fue rematado bajo las leyes del Consenso de Washington y la rata, con una audacia que es menester admitirle, se limitó a aplicar el ordenamiento que, por cierto, estaba en línea con la corriente mundial. También de la mano con algunos aires de cambio en ese estándar, y así se concediera que no quedaba otra chance tras la devastación, la etapa arrancada hace siete años volvió a familiarizarnos con algunos de los significados que se creían prehistóricos: intervención del Estado en la economía a efectos de ciertas reparaciones sociales; apuesta al mercado interno como motor o batería de los negocios; reactivación industrial; firmeza en las relaciones con varios de los núcleos duros del establishment. Y a esa suma hay que agregar algo a lo cual, como adelanto de alguna hipótesis, parecería que debe dársele una relevancia enorme. Son las acciones y gestos en el escenario definido como estrictamente político, desde un lugar de recategorización simbólica: impulso de los juicios a los genocidas; transformación de la Corte Suprema; enfriamiento subrayado con la cúpula de la Iglesia Católica; Madres y Abuelas resaltadas como orgullo nacional y entrando a la Casa Rosada antes que los CEO de las multinacionales; militancia de los ’70 en posiciones de poder. En definitiva, y –para ampliar– aun cuando se otorgara que este bagaje provino de circunstancias de época, sobreactuaciones, conciencia culposa o cuanto quisiera argüirse para restarles cualidades a sus ejecutores, nadie, con sinceridad, puede refutar que se trató de un “reingreso” de la política. Las grandes patronales de la economía ya no eran lo único habilitado para decir y mandar. Hasta acá llegamos. Adelante de esta coincidencia que a derecha e izquierda podría presumirse generalizada, no hay ninguna otra. Se pudre todo. Pero se pudre de dos formas diferentes. Una que podría considerarse “natural”. Y otra que es el motivo de nuestros desvelos. O bien, de una ratificación que no quisiéramos encontrar.
La primera nace en el entendimiento de la política como un espacio de disputa de intereses y necesidades de clase y sector. Por lo tanto, es un terreno de conflicto permanente, que ondula entre la crispación y la tranquilidad relativa según sean el volumen y la calidad de los actores que forcejean. Este Gobierno, está claro, afectó algunos intereses muy importantes. Seguramente menos que los aspirables desde una perspectiva de izquierda clásica, pero eso no invalida lo anterior. Tres de esos enfrentamientos en particular, debido al tamaño de los bandos conmovidos, representan un quiebre fatal en el modo con que la clase dominante visualiza al oficialismo. Las retenciones agropecuarias, la reestatización del sistema jubilatorio y la ley de medios audiovisuales. Ese combo aunó la furia. Una mano en el bolsillo del “campo”; otra en uno de los negociados públicos más espeluznantes que sobrevivían de los ’90, y otra en el del grupo comunicacional más grande del país, con el bonus track de haberle quitado la televisación del fútbol. De vuelta: no vienen al caso las motivaciones que el kirchnerismo tenga o haya tenido y no por no ser apasionante y hasta necesario discutirlas, sino porque no son aquí el objeto de estudio. Es irrebatible que ese trío de medidas –y algunas acompañantes– desató sobre el Gobierno el ataque más fanático de que se tenga memoria. Hay que retroceder hasta el segundo mandato de Perón, o al de Illia, para encontrar –tal vez– algo semejante. Potenciados por el papel aplastante que adquirieron, los medios de comunicación son un vehículo primordial de esa ira. El firmante confiesa que sólo la obligación profesional lo mueve a continuar prestando atención puntillosa a la mayoría de los diarios, programas radiofónicos, noticieros televisivos. No es ya una cuestión de intolerancia ideológica sino de repugnancia, literalmente, por la impudicia con que se tergiversa la información, con que se inventa, con que se apela a cualquier recurso, con que se bastardea a la actividad periodística hasta el punto de sentir vergüenza ajena. Todo abonado, claro está, por el hecho de que uno pertenece a este ambiente hace ya muchos años, y entonces conoce los bueyes y no puede creer, no quiere creer, que caigan tan bajo colegas que hasta ayer nomás abrevaban en el ideario de la rigurosidad profesional. Ni siquiera hablamos de que eran progresistas. La semana pasada se pudo leer que los K son susceptibles de ser comparados con Galtieri. Se pudo escuchar que hay olor a 2001. Hay un límite, carajo, para seguir afirmando lo que el interés del medio requiere. Gente de renombre, además, que no se va a quedar sin trabajo. Gente –no toda, desde ya– de la que uno sabe que no piensa políticamente lo que está diciendo, a menos que haya mentido toda su vida.
Sin embargo, más allá de estas disquisiciones, todavía estamos en el campo de batalla “natural” de la lucha política; es decir, aquel en el que la profundidad o percepción de unas medidas gubernamentales, y del tono oficialista en general, dividieron las aguas con virulencia. Son colisiones con saña entre factores de poder, los grandes medios forman parte implícita de la oposición (como alternativamente ocurre en casi todo el mundo) y no habría de qué asombrarse ni temer. Pero las cosas se complican cuando nos salimos de la esfera de esos tanques chocadores, y pasamos a lo que el convencionalismo denomina “la gente” común. Y específicamente la clase media, no sólo de Buenos Aires, cuyas vastas porciones –junto con muchas populares del conurbano bonaerense– fueron las que el 28-J produjeron la derrota electoral del kirchnerismo. ¿Hay sincronía entre la situación económica de los sectores medios y su bronca ya pareciera que crónica? Por fuera de la escalada inflacionaria de las últimas semanas, tanto en el repaso del total de la gestión como de la coyuntura, los números dan a favor. En cotejo con lo que ocurría en 2003, cuando calculado en ingresos de bolsillo pasó a ser pobre el 50 por ciento del país, o con las marquesinas de esta temporada veraniega, en la que se batieron todos los records de movimiento turístico y consumo, suena inconcebible que el grueso de la clase media pueda decir que está peor o que le va decididamente mal. Pero eso sería lo que en buena medida expresaron las urnas, y lo que en forma monotemática señalan los medios.
Veamos las graduaciones con que se manifiesta ese disconformismo. Porque podría conferirse la licencia de que, justamente por ir mejor las cosas en lo económico, la “gente” se permite atender otros aspectos en los que el oficialismo queda muy mal parado, o apto para las acusaciones. Ya se sabe: autoritarismo, sospechas de corrupción, desprecio por el consenso, ausencia de vocación federalista, capitalismo de amigotes y tanto más por el estilo. Nada distinto, sin ir más lejos, a lo que recién sobre su final se le endilgó a Menem y su harén de mafiosos. ¿Qué habrá sucedido para que, de aquel tiempo a hoy, y a escalas tan similares de bonanza económica real o presunta, éstos sean el Gobierno montonero, la puta guerrillera, la grasa que se enchastra de maquillaje, los blogs rebosantes de felicidad por la carótida de Kirchner, los ladrones de Santa Cruz, la degenerada que usa carteras de 5 mil dólares, la instalación mediática de que no llegan al 2011, el olor al 2001, el uso del avión presidencial para viajes particulares? ¿Cómo es que la avispa de uno sirvió para que se cagaran todos de la risa y las cirugías de la otra son el símbolo de a qué se dedica esta yegua mientras el campo se nos muere? ¿Cómo es que cuando perpetraron el desfalco de la jubilación privada nos habíamos alineado con la modernidad, y cuando se volvió al Estado es para que estos chorros sigan comprándose El Calafate? Pero sobre todo, ¿cómo es que todo eso lo dice tanta gente a la que en plata le va mejor?
Uno sospecharía principalmente de los medios. De sus maniobras. De que es un escenario que montan. Pues no. Por mucho que haya de eso, de lo que en verdad sospecha es de que el odio generado en las clases altas, por la afectación de algunos de sus símbolos intocables, ha reinstalado entre la media el temor de que todo se vaya al diablo y pueda perder algunas de las parcelas pequebú que se le terminaron yendo irremediablemente ahí, al diablo, cada vez que gobernaron los tipos a los que les hace el coro.
Debería ser increíble, pero más de 50 años después parece que volvió el “Viva el Cáncer” con que los antepasados de estos miserables festejaron la muerte de Eva.

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